La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad desde el 23 de diciembre de 2010, con la sanción de la Ley Orgánica 5/2010 que reformó el Código Penal. Con anterioridad hemos tratado los antecedentes, su contenido, la atribución de responsabilidad y sus consecuencias (El Papel Fundamental del Compliance en FORLOPD – FORLOPD).

En esta oportunidad, abordaremos otra situación de vital importancia para avanzar hacia una cultura ética dentro de las organizaciones, en nuestra misión constante de promover la transparencia y el cumplimiento normativo.

La exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

La Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo, reformó nuevamente el Código Penal y otorgó central protagonismo a los Programas de Prevención de Delitos.

Así, incluyó distintas circunstancias que, de producirse, eximirán a la persona jurídica de responsabilidad penal:

1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito y con eficacia, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir significativamente el riesgo de su comisión;

2. Que la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control o que tuviera legalmente encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles internos;

3. Que los autores hubieran cometido el delito eludiendo fraudulentamente el programa de organización y prevención;

4. Que no hubiese ocurrido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano designado.