La Agencia Española de Protección de Datos sancionó a un vecino por instalar una mirilla digital
Con el auge de las mirillas electrónicas, a menudo surgen dudas sobre si es legal instalarlas en las viviendas. En esta ocasión, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) multó a un hombre con 300 euros por colocar una mirilla electrónica en la puerta de su vivienda. La multa se hizo efectiva tras la denuncia de otro vecino.
Esto es debido a que la cámara apuntaba al rellano y grababa el espacio comunitario. La captura por cámaras des estos espacios están considerados como datos personales y están sujetas a regulaciones sobre privacidad. Y en el caso del vecino sancionado, no contaba con el permiso de los vecinos.
¿En que consisten las mirillas digitales?
Se trata de dispositivos que se instalan en el lugar de las mirillas tradicionales en la puerta de la vivienda, y muchas de ellas disponen de grabación la 24h o incluso grabación en el momento que alguien se aproxima a la vivienda. Estos dispositivos a menudo comparten esta información con aplicaciones de gestión de dispositivos inteligentes, por lo que además suponen una exposición de la información recogida a plataformas de terceros.
Según la Ley Orgánica de Protección de Datos en su artículo 22, toda persona tiene derecho a poder usar sistemas de cámaras con tal de garantizar su seguridad o la del inmueble.
Sin embargo si estos dispositivos enfocan a espacios privados de terceros o áreas públicas, deben contar con una autorización válida para garantizar que no se vulnera la privacidad de las personas que compartan el espacio.
Protección de datos en la información recabada en las áreas comunes
La protección de datos en las áreas comunes es fundamental para garantizar la privacidad y seguridad de las personas que utilizan estos espacios. En entornos como edificios residenciales, oficinas o complejos comerciales, es importante implementar medidas que aseguren que la recopilación, almacenamiento y uso de información personal se realice de manera ética y conforme a las normativas vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o leyes locales aplicables.
Esto incluye gestionar adecuadamente las grabaciones de cámaras de seguridad, limitar el acceso a datos sensibles y evitar el uso indebido de información personal de los residentes o usuarios. Además, es esencial informar a las personas sobre el propósito y alcance del tratamiento de sus datos mediante avisos visibles y políticas de privacidad claras, fomentando un entorno de confianza y cumplimiento legal.