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El organismo español encargado de la prevención del blanqueo de capitales, SEPBLAC, ha sancionado a CaixaBank con más de 30 millones de euros por deficiencias en sus controles internos relacionadas con un expediente que proviene de Bankia, entidad incorporada a CaixaBank en 2021
Antecedentes del caso
La investigación está vinculada a una operación inmobiliaria histórica: la venta en 2016 de la Torre Foster (actualmente llamada Torre Moeve), un rascacielos de Madrid. En aquella transacción, Bankia vendió el edificio a una sociedad ligada al entonces presidente de Cepsa, Khadem Al Qubaisi, por unos 400 millones de euros, operación que después siguió una compleja cadena de movimientos societarios.
SEPBLAC considera que, durante el proceso de gestión de esa operación, no se cumplió adecuadamente con las obligaciones de comunicación interna de indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, lo que constituye una infracción muy grave según la normativa vigente en España
Multa y recurrido judicial
La multa, que supera los 30 millones de euros, está compuesta por varias sanciones. Una de ellas ya fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 11 de diciembre y asciende a 17,6 millones de euros, con otras partes adicionales que todavía no se han hecho públicas en detalle.
CaixaBank ha recurrido estas sanciones ante el Tribunal Supremo, por lo que aún no han adquirido firmeza definitiva. La entidad ha optado por no realizar declaraciones públicas sobre la cuestión, según fuentes cercanas al proceso.
Responsabilidad por sucesión corporativa
Aunque las actuaciones que motivaron la sanción tuvieron lugar cuando Bankia era una entidad independiente, la responsabilidad recae ahora en CaixaBank tras la fusión. Este principio de responsabilidad administrativa por sucesión universal implica que CaixaBank responde por las obligaciones y posibles incumplimientos de Bankia en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Este caso se enmarca en una serie de procedimientos sancionadores que SEPBLAC ha llevado a cabo en los últimos años contra entidades financieras por fallos en la aplicación de controles contra el blanqueo. Por ejemplo, en 2020 también se publicaron sanciones por unos 8,2 millones a Bankinter por facilitar financiación que permitió que parte de esa operación se llevara a cabo.
La Audiencia Nacional también ha intervenido en el marco de esta investigación, decretando órdenes de busca y captura contra algunos de los protagonistas investigados por delitos relacionados con blanqueo y evasión fiscal.
Fuentes: ValenciaPlaza, El Confidencial
