La protección de los datos personales de los menores da un nuevo paso adelante. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha difundido las nuevas Directrices 1/2026 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refuerzan la aplicación del principio de minimización de datos en el ámbito educativo. Su objetivo es claro: evitar que los centros educativos reciban información personal que no necesitan para desarrollar su actividad.
¿Qué cambia con estas nuevas directrices?
Hasta ahora era habitual que muchas familias entregaran sentencias judiciales completas o convenios reguladores para acreditar cuestiones relacionadas con la patria potestad, la guarda y custodia o el régimen de recogida de los menores. Sin embargo, estos documentos suelen contener información especialmente sensible —económica, familiar o judicial— que resulta irrelevante para la gestión del centro.
Las nuevas directrices establecen que, siempre que sea posible, esta documentación deberá sustituirse por un certificado emitido por el órgano judicial que incluya únicamente la información necesaria para acreditar la situación concreta.
El principio de minimización de datos, en la práctica
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que las organizaciones solo deben recoger los datos personales adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario para la finalidad perseguida. En el caso de los centros educativos, este principio adquiere una relevancia especial al tratar datos de menores de edad.
La aplicación de estas nuevas directrices permitirá:
- Reducir la exposición de información sensible de las familias.
- Mejorar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
- Disminuir el volumen de documentación confidencial que los centros deben custodiar.
- Reforzar la privacidad y seguridad de los menores.
¿Qué papel tendrán los centros educativos?
Los centros no deberán solicitar ni tramitar estos certificados. Su función será informar a las familias de que existe esta posibilidad y evitar pedir documentación más extensa cuando un certificado específico sea suficiente para acreditar la situación requerida.
De este modo, se promueve una gestión documental más eficiente y respetuosa con la privacidad de las personas afectadas.
Una buena práctica en materia de protección de datos
Estas directrices representan un cambio de enfoque importante: no se trata únicamente de proteger correctamente la información que se recibe, sino también de evitar recopilar datos innecesarios desde el primer momento.
Para los centros educativos supone una oportunidad para revisar sus procedimientos administrativos, actualizar los formularios de solicitud de documentación y reforzar sus políticas de privacidad, alineándose con uno de los principios fundamentales del RGPD: tratar únicamente los datos que realmente sean imprescindibles.
La protección de datos no consiste solo en custodiar bien la información, sino también en solicitar exclusivamente aquella que resulta necesaria. Con esta medida, los centros educativos avanzan hacia una gestión más responsable, transparente y respetuosa con los derechos de las familias y, especialmente, de los menores.
¿Tu organización cumple con la normativa de protección de datos?
La correcta gestión de los datos personales no solo evita sanciones, sino que también genera confianza entre clientes, empleados y colaboradores. Revisar los procedimientos internos, aplicar el principio de minimización de datos y mantener la documentación actualizada son aspectos fundamentales para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la normativa española.
En nuestra consultora ayudamos a empresas, centros educativos, entidades y organizaciones a implantar y mantener un sistema de protección de datos adaptado a su actividad. Analizamos los riesgos, revisamos los tratamientos de datos y ofrecemos asesoramiento continuo para garantizar el cumplimiento normativo.
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¿Qué es el principio de minimización de datos?
Es uno de los principios fundamentales del RGPD y establece que solo deben recopilarse los datos personales que sean adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad para la que se solicitan.
¿A quién afectan estas nuevas directrices?
Principalmente a los centros educativos españoles y a las familias que deben presentar documentación relacionada con la patria potestad, la guarda y custodia o el régimen de visitas de los menores.
¿Los centros educativos pueden solicitar una sentencia judicial completa?
Siempre que exista una alternativa válida, como un certificado emitido por el órgano judicial con la información imprescindible, no deberían solicitar documentación que contenga datos personales innecesarios.
¿Qué riesgos supone solicitar más datos de los necesarios?
Además de incumplir el principio de minimización del RGPD, aumenta el riesgo de brechas de seguridad, accesos no autorizados y tratamientos indebidos de información sensible.
¿Cómo puede una empresa garantizar el cumplimiento del RGPD?
Realizando auditorías periódicas, revisando los tratamientos de datos personales, formando a su personal, manteniendo actualizada la documentación obligatoria y contando con asesoramiento especializado cuando sea necesario.
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