Sancionan con 70.000 euros a Ibercaja por exponer la dirección de un cliente

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la entidad Ibercaja después de que un cliente realizara desde la banca digital una transferencia a otra entidad. Posteriormente, la persona receptora de la transferencia le envió un justificante de la transferencia realizada, aunque afirmó que en dicho justificante aparecía los datos de su domicilio particular.

Es por ello que el afectado interpuso una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), resolviendo sancionar a Ibercaja con 70.000 euros por el tratamiento ilícito de la información privada.

Esta vulneración de la información privada de los clientes supone una infracción del la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. El cliente aportó el justificante bancario donde se reflejaba la información sensible publicada, y en su respuesta la Agencia de Protección de Datos argumentó que la entidad que realiza la actividad de transferencia, tiene la condición de ser la responsable del tratamiento.

Confidencialidad de la información

Esto supone la vulneración de artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por no haber garantizado la confidencialidad de la información, teniendo como finalidad evitar que existan filtraciones no consentidas por los titulares.

Cabe destacar que la dirección del ordenante solo es obligatoria cuando el SEPA del ordenante o beneficiario esté localizado en un país de fuera del Espacio Económico Europeo.

Fuente: diariosur.com

Esta sanción de la Agencia Española de Protección de Datos supone una medida correctiva para la entidad, así como sirve para ejemplificar la importancia de la minimización de datos personales en el tratamiento de la información entre clientes.

Cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una garantía de confianza para los usuarios. Las empresas que gestionan información sensible deben aplicar medidas estrictas de seguridad y adoptar una política activa de protección de datos.

La omisión o descuido en este ámbito puede derivar en sanciones económicas importantes, pero también en una pérdida significativa de reputación y credibilidad ante los clientes.

Respetar los principios del RGPD (como la confidencialidad, integridad y limitación del tratamiento de los datos) se convierte en una estrategia esencial para preservar la privacidad y fomentar relaciones responsables entre organizaciones y personas.

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