Informe sobre la brecha de género al acceder a la jubilación

Un reciente informe del Instituto de las Mujeres, en colaboración con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, expone las desigualdades de género persistentes en el acceso a la jubilación anticipada y aporta propuestas para una reforma estructural del sistema.
El estudio resalta que las reglas actuales sobre jubilación anticipada se diseñaron bajo una visión androcéntrica, centrada en sectores tradicionalmente masculinizados. Esto ha dejado fuera a muchas trabajadoras de sectores feminizados, cuyos riesgos laborales no se traducen en siniestralidad visible, pero sí en enfermedades crónicas, desgaste físico y deterioro mental. Ejemplos de estos empleos son el trabajo doméstico, el cuidado de personas dependientes o el trabajo en hostelería.

Se señala que la precariedad laboral, la interrupción de carreras profesionales por responsabilidades de cuidado y la menor valoración social de los trabajos realizados por mujeres afectan directamente el monto de sus cotizaciones. Esto incrementa su vulnerabilidad económica en la vejez y limita sus posibilidades de acceder a una jubilación anticipada digna.

El informe propone incorporar la perspectiva de género en las normativas que regulan la jubilación anticipada. Esto implicaría aplicar coeficientes reductores que reconozcan las trayectorias laborales específicas de las mujeres y compensen la desigualdad en las pensiones, atendiendo a las condiciones laborales y riesgos que enfrentan.
Esta publicación es una herramienta clave para avanzar hacia una mayor equidad en el sistema de pensiones y abre el camino para que se tomen medidas que garanticen una protección social justa para todas las personas.

Informe y propuestas para la acción

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la denuncia de que el listado oficial de enfermedades profesionales apenas contempla patologías que afectan mayoritariamente a mujeres, como los trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos o el cáncer de mama y ovario. Al quedar fuera del reconocimiento oficial, estas dolencias son tratadas como enfermedades comunes, lo que limita el acceso a prestaciones adecuadas y dificulta el reconocimiento de jubilación anticipada por motivos de salud.

Además, se alerta sobre la neutralidad aparente de la normativa actual, que en realidad penaliza las trayectorias laborales femeninas al exigir largos periodos de cotización continuada, ignorando interrupciones vinculadas a cuidados no remunerados. Este diseño, lejos de ser equitativo, perpetúa una desigualdad estructural y deja a muchas mujeres fuera de los supuestos contemplados para el retiro anticipado.

El informe también señala la falta de sensibilidad de los procedimientos normativos. Por ejemplo, a pesar de que sectores como el de las camareras de piso o las mariscadoras han solicitado reiteradamente su inclusión en los regímenes especiales de jubilación anticipada, sus demandas no han sido atendidas. Esta exclusión se basa en criterios técnicos que no consideran las condiciones reales del trabajo feminizados ni los efectos acumulativos sobre la salud.

Desde el plano propositivo, el documento aboga por un cambio de modelo. No basta con aplicar los mismos coeficientes reductores diseñados para sectores masculinizados. Es necesario desarrollar nuevos indicadores que reflejen adecuadamente la realidad de los empleos feminizados y permitan reconocer su dureza bajo criterios propios. También se plantea avanzar hacia mecanismos de evaluación individualizados, similares a los utilizados para valorar incapacidades, que tomen en cuenta la salud de cada trabajadora y su contexto laboral.

Otros detalles sobre la jubilación

La negociación colectiva también juega un papel clave. Se propone fomentar acuerdos que incluyan evaluaciones diferenciadas de riesgos laborales, vigilancia de la salud con enfoque de género, y revisión de condiciones laborales en sectores donde predominan las mujeres.

En definitiva, el informe no solo identifica la discriminación existente, sino que plantea vías concretas para corregirla, con el objetivo de construir un sistema de pensiones más justo, que garantice una jubilación digna también para quienes han sostenido históricamente la economía del cuidado.

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