Sancionan con 250.000 euros a Loro Parque por el uso de datos biométricos
Tras el recurso rechazado por la empresa que gestiona el Zoológico de Loro Parque, se ha estipulado una sanción de 250.000 euros por una falta muy grave a la hora de solicitar datos biométricos a los clientes, con tal de verificar que la persona que entraba en ambos parques era la misma.
Los afectados afirman que en ningún caso fueron informados del tratamiento de sus datos. El parque indica que este tratamiento solo se hace a los visitantes que tengan una serie de tickets y no se conservan las huellas recogidas.
En el caso de un visitante, al negarse a facilitar la huella dactilar, le negaron la entrada al parque sin darle ninguna alternativa como una devolución de la entrada o otro medio de validar su acceso.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) indica que del uso de datos biométricos se derivan riesgos para los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos.
¿Qué puede hacer un cliente si cree que sus datos biométricos se han usado de forma indebida?
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o exigir a la empresa el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión.
Existen alternativas al uso de huellas para validar entradas o accesos?
Sí. Los sistemas de códigos QR, entradas digitales personalizadas o tarjetas nominales son métodos menos intrusivos y más respetuosos con la privacidad.
¿Qué debería preguntar un cliente antes de entregar sus datos biométricos?
Debe solicitar información sobre la finalidad exacta del tratamiento, el tiempo de conservación, las medidas de seguridad implementadas y las alternativas disponibles para acceder al servicio.
¿Por qué el uso de datos biométricos es especialmente sensible?
Porque, a diferencia de una contraseña, no se pueden cambiar si se ven comprometidos, lo que implica un riesgo elevado de afectar la privacidad de la persona.
¿Qué señales pueden indicar que el tratamiento de los datos no cumple con la normativa?
Falta de información previa, ausencia de alternativas al proporcionar los datos, negativa a responder sobre cómo se gestionan, o inexistencia de canales visibles para ejercer derechos de privacidad.
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