ING es sancionado con 3,9 millones de euros en España por blanqueo de capitales

La Secretaría de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impuso una sanción a la sucursal de ING en España por graves infracciones en blanqueo de capitales. La sanción de 3,91 millones de euros va acompañada de una amonestación pública y se hace efectiva en 2025.

¿Cuál es el motivo de la infracción de ING España?

Según especifica el articulo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, los bancos tienen la obligación de comunicar a las autoridades cualquier indicio o certeza que esté relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. En este caso, la entidad ING no cumplió con la responsabilidad.

Aunque la multa tuvo lugar en 2023, este tipo de decisiones requiere un análisis riguroso haciéndose firme actualmente en la vía administrativa, lo que deja de lado cualquier tipo de recurso ante esta decisión.

¿Qué acciones va a tomar ING a raíz de la sanción?

A pesar de la voluntad de transparencia de la entidad que ha colaborado desde el principio facilitando la investigación, el banco asegura que ha subsanado todas las deficiencias que se detectaron durante el proceso de inspección. Acción fundamental para recuperar la confianza de los clientes.

La sanción a ING también sirve de ejemplo para otras entidades e instituciones sobre la importancia de la identificación y comunicación de actividades sospechosas. Aunque esta no es la primera vez que ING se enfrenta a sanciones por incumplimientos, en 2018 tuvo que pagar casi 800 millones de dólares en los Países Bajos, después de que los fiscales holandeses determinaran que los clientes de ING habían lavado dinero durante años, utilizando sus cuentas a través de deficiencias significativas.

El ex CEO Ralp Hamers afirmó que la compañía había tomado medidas drásticas para evitar este tipo de prácticas en el futuro.

Casos como este ponen en evidencia la necesidad de actuación de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), para tomar medidas correctivas que eviten que entidades puedan llevar a cabo estas prácticas, así como también sirva acciones disuasorias para el resto de entidades bancarias.

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